El Gobierno de Nicaragua adjudicó las instalaciones de varios medios de comunicación privados y organizaciones no gubernamentales al Ministerio de Salud, informó este miércoles el periodista Carlos Fernando Chamorro en su cuenta de Twitter.
Se trata de sedes clausuradas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2018.
«Ortega ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad». Según Chamorro, «También confisca propiedades de organizaciones no gubernamentales, viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema».
En un segundo mensaje el comunicador enfatiza: «ACLARACIÓN: NO HAY UN «FALLO JUDICIAL», ES UNA ORDEN. Colegas internacionales me piden copia del «fallo» para confiscar Confiscación y 100% Noticias. Aclaro: no existe ningún «fallo», es un acto de facto, una orden de Ortega, ejecutada manu militari que anula a la Corte Suprema».
CNN trató de conocer si existe alguna resolución del Poder Judicial en este caso. El director de comunicación de ese poder público, Roberto Larios, dijo que no tenía información sobre el tema y que regresan de vacaciones en enero. También nos comunicamos con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún esperamos respuesta.
Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, director del canal 100% Noticias y afectado por la medida, expresó en su cuenta de Facebook: «Ante este robo descarado solo puedo decir: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Nosotros dependemos de Jehová de los Ejércitos y del polvo de donde esté, de allí me levantará. El mal que hacen será para si mismo. Veremos la mano de Dios. Su Justicia viene».
En una foto publicada en su perfil de esta red social, se aprecia una fotografía de la fachada del canal con un rótulo en que se lee: «Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el Centro de atención para personas con adicción al alcoholismo y/o drogadicción».
El Centro de Información y servicios de asesoría en salud, con más de 35 años de labor en Nicaragua y también impactado por la clausura, expresó este miércoles a través de un comunicado: «Esta nueva actuación de los Ortega Murillo es una muestra más (de) que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse, el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad, todos protegidos por la Constitución Política, las leyes y los distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado».
Por su parte, el exsecretario general de la CIDH Paulo Abrāo publicó este miércoles en Twitter fotografías de las instalaciones del Centro Nicaragüense de DD.HH. Fundación Popol-Na, organismos clausurados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2018.
«2 años después de tomarse el @100noticiasni ahora afirman que esa propiedad pertenece al Estado. Igual lo hacen con la sala de redacción de @confidencial_ni y las instalaciones del @cenidh@popol_na y otras ONG tomadas. Nunca hubo discontinuidad de la represión en #SOSNicaragua».
De acuerdo con una nota publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2018, varios organismos de la sociedad civil fueron clausurados ese mes bajo el argumento de que algunas «cayeron en la ilegalidad debido a que tenían sus juntas directivas vencidas hacía más de un año o de algunos meses que no lo reportaron. Como también incumplieron los objetivos por los cuales fueron creadas, al realizar actividades para desestabilizar el país».
Fuente: CNN Español
