Un comité de inversionistas en títulos de deuda externa de Venezuela solicitó el lunes al gobierno de Estados Unidos revisar una medida que impide a tenedores del bono PDVSA 2020 ejercer cualquier acción tras caer ese papel en incumplimiento.
La petición se produce en respuesta a una demanda de nulidad del papel al 2020 que presentó la semana pasada el equipo del líder opositor, Juan Guaidó, buscando proteger a Citgo, una filial en Estados Unidos que está bajo su control.
La acción legal se produjo muy pocas horas después que los tenedores no recibieron un pago de unos 900 millones de dólares y Estados Unidos modificó el 24 de octubre una licencia que congela hasta enero de 2020 cualquier actuación de los bonistas de PDVSA contra Citgo, de la que más de la mitad de las acciones es garantía del título de la petrolera venezolana.
"Es justo que los titulares de los bonos puedan defender y ejercer sus derechos", dijo el comité en un comunicado divulgado el lunes en el que consideran "innecesaria" la demanda.
El equipo del jefe del Parlamento venezolano mantuvo por meses negociaciones con los acreedores, pero no lograron ningún acuerdo concreto.
"Si el Gobierno de Guaidó desea comprometerse con los acreedores del país en buena fe y llevar a cabo una renegociación ordenada y consensuada de la deuda externa, tendrá que cambiar drásticamente su enfoque", agregó el comité en el comunicado.
Guaidó, quien en enero se autoproclamó presidente interino con el apoyo de decenas de países que desconocen el segundo mandato de Nicolás Maduro, no disponía del dinero para cancelar a los bonistas.
La semana pasada los asesores de Guaidó presentaron una demanda ante un tribunal de Nueva York solicitando que el bono 2020 de PDVSA sea declarado nulo, porque al usarse al refinador Citgo, filial estadounidense de la petrolera, como garantía de la emisión se requería del aval del Congreso.
La junta administradora ad hoc de PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
El presidente Nicolás Maduro todavía mantiene el control de la estatal petrolera en el país.
Reuters
