Grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el jueves.
El informe de 69 pĆ”ginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crĆmenes de violencia sexual, reclutamiento de niƱos como soldados y desplazamientos forzados cometidos por el EjĆ©rcito de Liberación Nacional (ELN), el EjĆ©rcito Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los grupos armados intentan controlar a la población a travĆ©s de amenazas, incluso contra lĆderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las vĆctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su paĆs.
A mƔs de dos aƱos del acuerdo de paz que puso fin a mƔs de 50 aƱos de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos armados luchan por el control de muchas zonas rurales anteriormente controladas por las FARC.
Estos grupos han convertido a la región del Catatumbo, próxima a la frontera con Venezuela, en una de las mĆ”s violentas del paĆs. SegĆŗn Human Rights Watch desde 2015, los homicidios en Catatumbo se han duplicado. Los grupos armados han cometido desapariciones, crĆmenes de violencia sexual y reclutado a menores para usarlos como soldados. MĆ”s de 40.000 personas han sido desplazadas.
Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo
Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo estÔn expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
El informe de Human Rights Watch se basa en una investigación realizada en el Catatumbo en abril de 2019, donde se entrevistó a mĆ”s de 80 personas, incluidas vĆctimas de abusos, sus familiares, lĆderes sociales, representantes eclesiĆ”sticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. Algunas entrevistas se realizaron en CĆŗcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, y otras telefónicamente.
Las cifras gubernamentales indican que mĆ”s de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayorĆa durante 2018. Si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pĆŗblica colombiana parecen ser la principal causa en 2019.
Los grupos armados tambiƩn son responsables del reclutamiento de niƱos y niƱas desde los 12 aƱos en el Catatumbo. En ocasiones, los niƱos y niƱas son forzados a sumarse a un grupo armado despuƩs de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero.
HRW critica respuesta de autoridades colombianas
Human Rights Watch dice que la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son vĆctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos.
En su informe Human Rights Watch recomienda entre otras cosas al gobierno de Colombia, del presidente IvÔn Duque que para evitar que se comentan abusos, proteger a la población en riesgo y promover la rendición de cuentas.
TambiĆ©n recomienda al Fiscal General de Colombia aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en el Catatumbo que trabajan en casos de desplazamiento forzado, “desaparición forzada”, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos graves relacionados con el conflicto armado.
VOA Noticias